La
Federación Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Fevalcee) ha
formalizado Recurso de Reposición contra la Orden que regula para
2013 las subvenciones destinadas al fomento del empleo de personas con
discapacidad enla Comunidad Valenciana, y concretamente, el apartado
relativo a los centros especiales de empleo.
El
recurso se ha plantea en vía administrativa contra el acuerdo adoptado por el
Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, advirtiendo desde Fevalcee
que de no atenderse las reclamaciones del sector de la discapacidad, acudirán
al Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana antes de que finalice el presente mes de julio,
por cuanto estamos ante una normativa autonómica manifiestamente
inconstitucional y que vulnera los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad.
El presidente de Fevalcee, Juan García Sentandreu,
mantiene en su recurso de reposición que esta orden es uno de los recortes más
graves que se ha producido en toda la democracia española contra las políticas
sociales, cercenando las conquistas que la discapacidad había conseguido desde
1982, relegando al colectivo de personas con discapacidades más severas a la
más absoluto indigencia y a las políticas de la pura beneficencia con las que
se operaba en nuestro país hace más de 40 años.
Fevalcee
ha indicado que la Consellería de Economía y Empleo ha acabado este
año con cuatro de las seis ayudas previstas a nivel nacional para las empresas
de personas con discapacidad, liquidando incluso ayudas sobre las que la
GeneralitatValenciana carecía de competencias, por lo que estamos ante una
ingerencia totalmente irregular e ilegal.
Sentandreu ha señalado que los drásticos recortes
impuestos por el Gobierno de Alberto Fabra en los últimos años a este sector,
los cuales han acumulado la destrucción de más del 82% de las ayudas destinadas
al empleo protegido de personas con discapacidad, se han centrado
principalmente en el segmento de personas con discapacidad especialmente
vulnerables, como son los intelectuales, enfermos mentales o físicos de más del
65% de minusvalía.
Desde la
Federación de Centros se ha llegado a señalar que una de las partidas
suprimidas, concretamente las llamadas unidades de apoyo al personal con
discapacidad, está directamente financiada por los Presupuestos Generales del
Estado a través de los créditos específicamente consignados cada año en el
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, y que la
Administración valenciana haya decidido suprimirla, no sólo supone crear
una situación de desigualdad manifiestamente inconstitucional con el resto de
autonomías, sino que podríamos entrar en el campo de las presunciones y llegar
a sospechar que una concreta subvención estatal podría finalmente aplicarse
para otra partida a la que no estaba destinada, teoría que estará plenamente
vigente mientras que la Administración valenciana no aclare esta
extraña situación.
Para
finalizar Fevalcee ha querido acusar al resto de organizaciones representativas
del sector, concretamente Agevalcee y su presidente Juan José Serrano, el Cermi
representado por Carlos Laguna, así como los sindicatos CC.OO. y UGT, quienes
todos ellos reciben compensaciones y ayudas por otras vías, de haber negociado
con la Administración valenciana estos escandalosos recortes, los
cuales sólo provocarán el cierre de centros de atención a personas con
discapacidad y la destrucción de empleo.
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